Alonso Trujillo-Mora.-
En la
agraciada o desgraciada isla de La Gomera, según se mire, está en marcha la
operación judicial “Telaraña”. Un escándalo de sobornos por recalificaciones de
suelos y coimas en las contratas de obras públicas.
La sociedad española es en
líneas generales indiferente a la corrupción pública. Una afirmación que puede
hacerse con aceptable seguridad puesto que es el resultado de dos valoraciones
fiables que se realizan periódicamente, a saber: por un lado, las encuestas en
las que, invitados los preguntados a que hagan una lista ordenada de las
cuestiones políticas que les preocupan, salvo en situaciones muy graves de
recalentamiento periodístico de escándalos poco menos que cotidiano como en la
actualidad, sólo muy pocos aluden a la corrupción.
Y en segundo término, un índice
todavía más llamativo: los electores no se dejan influir por las actividades
corruptas de los candidatos, a los que siguen votando incluso después de haber
sido sorprendidos en negocios turbios.
La vida política no se altera
lo más mínimo por el conocimiento de corrupciones y escándalos cuando éstos
aparecen en libros, por amplia que sea la difusión de éstos. De hecho, resulta
muy difícil descubrir en España nuevos caso de corrupción, ya que casi todos
están ya denunciados y descritos hasta tal punto que entre nosotros el que no
conoce la corrupción es sencillamente porque no quiere conocerla y se niega a
admitir su existencia. Más todavía: cuando la prensa y la televisión (que son
los dos únicos medios que logran penetrar en la dura coraza de la opinión
pública) airean hasta la saciedad -y por razones políticas, naturalmente- un
caso de corrupción, el lector se dá por enterado pero su reacción resulta
sorprendente porque de ordinario experimenta más rechazo contra el denunciante
o aireador que contra el denunciado.
A nadie le gusta que le
descubran conductas vituperables del cónyuge o de la madre: la persona engañada
vive feliz en su ignorancia y, en consecuencia, pasa por alto los indicios más
llamativos, tiende a no creer lo evidente y, si ha de reconocer la verdad,
nunca agradecerá al amigo que le abra los ojos. En política sucede lo mismo: el
ciudadano vive cómodo en sus convicciones y le molesta que le perturben en
ellas. Hay, sobre esto, una cierta sensación de orgullo herido: porque la
defraudación política notoria es una demostración de la ingenuidad pasada al
haberse dejado engañar por un indeseable. Y, sobre todo, está el hecho –no por
irracional menos fuerte- de la fidelidad vital: con quien vengo, vengo en la
expresión clásica, que impulsa la lealtad a ultranza. En consecuencia, la
irritación se desvía hacia el mensajero que nos trae la mala noticia, hacia el
médico que nos descubre el colesterol o la diabetes. (Felix ignorantia). Los
sociólogos han explicado que en la vida política no se toman siempre las
decisiones con arreglo a criterios racionales sino como consecuencia de una
identificación con la secta o con la tribu a la que se pertenece, a la que nos
sumamos en lo bueno y en lo malo. Lo que hace la secta es, por definición,
correcto y sólo merece reproche el hecho si éste procede de la secta contraria.
Tal postulado conlleva que los comportamientos electorales sean extremadamente
rígidos e impermeables a hechos que, de por sí, son rechazables. Si el hecho
repugna, es preferible, a pesar de todo, optar por salvar al responsable; es
más, en su versión más radical, la conciencia sectaria exige actuar sin
parámetro moral alguno con tal de procurar el beneficio de la secta.
La sociedad española no se
asombra de la corrupción política porque ella misma está corrompida hasta los
huesos. El delincuente no suele escandalizarse de los relatos de su compañero de
celda. La sociedad no se escandaliza de las corrupciones políticas porque no
considera aberrante tales conductas. Para el corrupto la corrupción de los
demás no merece reproche alguno. El gomero medio está identificado con el
corrupto pues percibe que éste obra como obraría él mismo si se encontrara en
la misma situación. A lo que hay que añadir, en fin, la pobrísima opinión que
de la política y de los políticos tienen la inmensa mayoría de los españoles.
Merecidamente o no, casi nadie se sorprende de lo que hacen los políticos
porque consideran que la política está para eso y que tal es lo que justifica
meterse en política. Ahora les toca a ellos –piensa para su capote el
ciudadano-,que se aprovechen porque es su momento; mañana me puede tocar a mi.
Sinceramente, a la población no le interesa
los negocios concretos de corrupción ni las actitudes corruptas. Lo único que
de tarde en tarde –y siempre que no se abuse- le importa son los escándalos.
Escándalo y corrupción son fenómenos muy distintos que solo ocasionalmente se
emparejan. La corrupción se convierte en escándalo cuando provoca una
determinada curiosidad o irritación social en gracia a su gravedad cualitativa
o cuantitativa. El efecto escandaloso –como el pornográfico- es insaciable: lo
que hoy llama la atención es mañana indiferente y para conseguir el mismo
efecto hay que aumentar la intensidad del choque en una gradación que, como no
puede prolongarse indefinidamente, termina en el embotamiento, es decir, en el
hastío y la indiferencia. En su consecuencia, se imponen periodos de descanso:
los periódicos –que son los grandes creadores de escándalos- han de ceder sus
titulares a otros asuntos hasta que consideran que ha llegado el momento de
volver a despertar el apetito morboso de sus lectores.
En ocasiones estallan
escándalos parlamentarios, pero curiosamente a remolque de previos escándalos
periodísticos y no al revés, como fuera más lógico. Mirando al pasado tenemos
el caso “Filesa” (financiación irregular del PSOE) y el caso “Juan Guerra”, cuyas
raterías carecían de talla parlamentaria. Pero a esta instancia se elevó el
conflicto no para verificar y valorar lo que este hombre hubiera hecho sino
para destruir por elevación a su hermano Alfonso Guerra, lo que efectivamente
se logró. Si miramos al presente tenemos el escándalo “Gurtel”: la supuesta
financiación irregular del Partido Popular. El escándalo de los “ERE” en la
Andalucía de los socialistas es de antología: el mayor defalco de caudales
públicos de los conocidos en la Unión Europea. Hablamos de cantidades de
vértigo, colosales; infinitamente superiores a las cuentas que la insidia
histórica atribuye al Gran Capitán, por aprovisionar a sus tropas en el Sur de
Italia.
En otras ocasiones, atacar en
el Parlamento a las personas es un simple pretexto para desprestigiar su
partido. Esto se vio muy claro en el caso del Partido Radical en la segunda
República, con el escándalo del “Estraperlo”. Nadie en aquel momento pretendía
neutralizar personalmente a Alejandro Lerroux, pero estorbaba la enorme
importancia de su partido. La instrumentación política de los escándalos
parlamentarios a veces se provocan por el propio partido como maniobras
tácticas para prevenir ataques a personas o a objetivos más importantes. Es la
vieja historia del campesino ruso que, perseguido en el trineo por los lobos,
fue lanzando a sus hijos para distraer a la manada e ir ganando tiempo y
salvarse él.
Para conocer los escándalos que
se han denunciado en España basta leer cada día la prensa, pero no hay que
olvidar que únicamente se denuncian unos pocos, un tanto por ciento muy
reducido y el resto permanece sumergido por más que para un juez o un fiscal
sería muy fácil dar con la mayor parte de ellos
